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Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso del Estado sostuvo reunión de trabajo con el presidente del TSJ

9 de julio, 2020
BOLETÍN DE PRENSA 1177


Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso del Estado sostuvo reunión de trabajo con el presidente del TSJ


•             Con el objetivo de conocer las actividades y acciones del Poder Judicial para garantizar la impartición de Justicia, principalmente ante la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19

Este día, las y los integrantes de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la LX Legislatura del Congreso del Estado sostuvieron una reunión de trabajo con el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Héctor Sánchez Sánchez con la finalidad de conocer las actividades y acciones para garantizar la impartición de justicia en la entidad.

Al inicio de esta mesa de trabajo, que se llevó a cabo de manera virtual, la diputada María del Carmen Cabrera Camacho reiteró el compromiso para continuar con las acciones coordinadas entre el Poder Legislativo, el Poder Judicial y los diferentes sectores de la sociedad, a favor de las y los poblanos.

La legisladora puntualizó que, como representantes populares, es necesario promover que se informe y se conozcan las acciones generales implementadas por el Tribunal Superior de Justicia del Estado, así como las medidas implementadas ante la contingencia sanitaria por la pandemia de COVID-19.

Durante la sesión de preguntas y respuestas, la diputada Olga Lucia Romero Garci-Crespo reconoció las medidas realizadas para no paralizar por completo las actividades de los Poderes del Estado ante la contingencia sanitaria, y cuestionó al presidente del Tribunal sobre la coordinación interinstitucional de jueces con la Secretaría de Seguridad Pública y el número de emergencia 911 para la atención de casos de violencia de mujeres, niñas y niños de la entidad.

En su intervención, la diputada Mónica Lara Chávez preguntó al magistrado si se cuenta con el personal y las herramientas necesarias para la recepción de demandas en todas las materias y la notificación de sentencias a través de medios de comunicación y electrónicos.

Por su parte, la diputada Rocío García Olmedo interrogó sobre la prospectiva del Tribunal Superior de Justicia ante la incertidumbre sobre el regreso a la nueva normalidad, así como la valoración de crear un Juzgado Especializado en Género, debido al incremento de los índices de violencia en contra de mujeres en Puebla.

En su momento, el diputado Marcelo García Almaguer celebró el encuentro entre Poderes que permite pasar del ejercicio aislado a las actividades coordinadas, y reconoció el trabajo del Tribunal Superior de Justicia para digitalizar la impartición de Justicia, la implementación de mecanismos alternos de solución de controversias a distancia y presentación de demandas, así como de la aprobación del Tribunal Virtual.

Finalmente, el diputado Carlos Alberto Morales Álvarez cuestionó sobre los alcances legales en cuanto a la suspensión de actividades del Tribunal Superior de Justicia relacionados con los términos fatales, así como la necesidad presupuestal del Poder Judicial para los objetivos proyectados para el 2021.

Durante esta reunión, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Héctor Sánchez Sánchez, reconoció el espacio de colaboración y diálogo del Poder Legislativo para dar a conocer a la ciudadanía las tareas que se llevan a cabo en el Poder Judicial.

El magistrado puntualizó que ante la contingencia sanitaria, el Tribunal Superior de Justicia acordó la continuidad de actividades, ponderando el derecho a la vida, a la salud y el acceso a la justicia de las y los ciudadanos, por lo que se acordó que aun cuando se suspendían términos y plazos e incluso el desahogo de algunas audiencias, dejó en claro la excepción de esta suspensión de los asuntos urgentes en materia penal, en donde se cuente con un plazo constitucional y todo lo que corresponda a la libertad personal, así como lo relacionado con las órdenes de protección, tanto en materia penal como familiar y los casos urgentes que involucren a niñas, niños y adolescentes.

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