En Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la LX Legislatura del Congreso del Estado se aprobó el Decreto en materia de prisión preventiva oficiosa, el cual contempla ampliar el catálogo de delitos por los que el Ministerio Público puede solicitar al juez que aplique dicha pena cuando las medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado.

En la mesa de trabajo encabezada por la diputada, Vianey García Romero, las y los legisladores aprobaron por mayoría de votos el decreto por el que se reforma el Artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que fue turnado a este órgano colegiado el pasado 4 de marzo por el Pleno del Congreso del Estado de Puebla.

La modificación contempla ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa que son: abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales y corrupción -tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones-.

También incluye el robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos; delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares; delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y Fuerza Aérea.

García Romero expuso que la aprobación de este decreto busca que disminuyan los delitos mencionados, por lo que confió en que estas acciones legislativas repercutan de manera positiva en el estado.

En la mesa de trabajo el legislador, José Juan Espinosa Torres, afirmó que esta adecuación tiene el objetivo de disminuir el clima de violencia e inseguridad, de tal forma que celebró los esfuerzos políticos de quienes integran la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Durante su intervención la diputada, Mónica Lara Chávez, avaló el decreto de la ampliación de delitos graves, toda vez que garantizó que todos los incluidos en este catálogo han afectado a muchos ciudadanos y a pesar de denunciarlos no había un seguimiento puntual.

Por su parte, el diputado Marcelo García Almaguer, quien votó en contra del decreto en la Comisión, se dijo a favor del respeto de los Derechos Humanos.