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Comisión de Gobernación da respuesta a oficios de autoridades municipales

Martes, 07 Marzo 2023 01:24

06 de marzo, 2023
Boletín de Prensa 689

Comisión de Gobernación da respuesta a oficios de autoridades municipales

-En los oficios, solicitaron elevar la categoría de algunas localidades a pueblos o juntas auxiliares

La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales dio respuesta a diversos oficios enviados por autoridades municipales que, entre otros temas, solicitaron elevar la categoría de algunas localidades a pueblos o juntas auxiliares, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica Municipal.

Durante la Comisión que presidió la diputada Mónica Silva Ruiz, se dio lectura al oficio suscrito por el presidente municipal de Zacapoaxtla, Evelio Navarro Lara, que solicitó al Congreso del Estado cambiar de categoría a la localidad de La Libertad a junta auxiliar.

En respuesta, el órgano colegiado indicó que es indispensable definir la solicitud a realizar por parte de la autoridad, respaldarla por un acuerdo de Cabildo y remitir la documentación necesaria en cumplimiento de todos los requisitos.

El diputado Eduardo Alcántara Montiel señaló que el Congreso del Estado no cuenta con la facultad para hacer esta delimitación geográfica, pues el Ayuntamiento debe cumplir con una serie de requisitos. En tanto, la diputada Mónica Silva Ruiz indicó que, para este tipo de solicitudes, los municipios deben cumplir con lo señalado en la Ley Orgánica Municipal.

Asimismo, se dio cuenta del oficio enviado por el presidente municipal de Tlatlauquitepec, Porfirio Loeza Aguilar, a través del cual se informa que en sesión de Cabildo se aprobó la disgregación de la comunidad denominada La Concepción, perteneciente a la comunidad de Tepeteno de Iturbide, con el fin de fomentar el desarrollo democrático e integral del municipio.

En el análisis del punto, se dio a conocer que no compete al Congreso del Estado este cambio de categoría, o la conformación de las comunidades que integran a los municipios de la entidad, pues esta es una atribución del Ayuntamiento, siempre y cuando se reúnan los requisitos correspondientes.

En tanto, el órgano colegiado también atendió diversos oficios suscritos por el presidente municipal de Huehuetla, Rafael Lara Martínez, por los que solicita que la localidad de Xonalpu sea decretada en la categoría de pueblo o junta auxiliar.

Tras conocer los diferentes oficios, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales expuso que es indispensable definir la solicitud a realizar por parte de esa autoridad y se precise la categoría de la localidad, esta petición debe respaldarse por el acuerdo de Cabildo y acompañar la documentación que acredite fehacientemente el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos que la Ley señala.

Sobre el tema, la diputada Mónica Sila Ruiz indicó que el municipio debe aclarar su petición y acompañarla de los requisitos necesarios, ya que para elevar la categorización territorial se hace un análisis de las condiciones sociales, económicas y culturales. En tanto, el diputado Eduardo Alcántara Montiel expuso que para estas modificaciones debe cumplirse con la extensión territorial específica.

Como parte del orden del día se dio lectura al oficio enviado por el ciudadano José Diego Octavio Olivares Vázquez y otros firmantes, integrantes del “Comité de Bienes del Pueblo y Vigilancia” del poblado de Santa María Coapan, del municipio de Tehuacán, a través del cual se solicitó la revocación de mandato de las y los integrantes de la junta auxiliar.

Al respecto, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales tomó conocimiento del oficio y respondió que el Congreso del Estado no tiene competencia para resolver su solicitud, por lo que se sugirió que acudan a las instancias competentes.

Sobre este punto, la diputada Mónica Silva Ruiz señaló que las y los ciudadanos que se encuentran al frente de la junta auxiliar deben apegarse a lo que señala la norma, pues han realizado actividades que no son propias de esa autoridad, como la realización de clausuras.

En la sesión, también se dio lectura a los oficios enviados por Tayde Martínez Castillo y Luisa Robles Valencia, regidoras de Ecología y Panteones, y de Educación en el municipio de Tlaltenango, respectivamente. A través de los documentos, solicitaron la intervención del Poder Legislativo ante presuntas irregularidades del Ayuntamiento y que no se da cumplimiento a sus derechos como regidoras, e incluso se impiden sus funciones.

Ante el planteamiento, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales respondió que es la Contraloría Municipal, como Órgano Interno de Control, la instancia facultada para realizar las investigaciones pertinentes, derivadas de irregularidades que se presenten en el Ayuntamiento.

Por lo anterior, el diputado Eduardo Alcántara Montiel destacó que cuando se aprueba el presupuesto en los municipios se incluyen las diferentes partidas, y no se adjuntó material probatorio de las presuntas irregularidades, que deben denunciarse ante el Órgano Interno de Control.

El diputado Roberto Solís Valles expresó que este tipo de acusaciones tienen fines políticos porque el presidente municipal de Tlaltenango les ha brindado las facilidades, en ese sentido, la instancia correspondiente debe hacer las investigaciones.

Por su parte, la diputada Mónica Silva Ruiz expuso que hay instancias para acudir en caso de que existan indicios de violencia política de género, agregó que es necesario socializar en qué circunstancias se registra este fenómeno, y cuándo se da una situación diferente que no requiera la protección de los derechos políticos de las mujeres.

Finalmente, las y los diputados asistentes a la sesión, Mónica Silva Ruiz, Jocelyn Olivares López, Eduardo Alcántara Montiel y Roberto Solís Valles, acordaron la realización de una mesa de trabajo, a fin de avanzar en el análisis y discusión de la Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado de Puebla.

La diputada Mónica Silva y el diputado Eduardo Alcántara adelantaron que en la mesa de trabajo se hará un análisis de derecho comparado y los avances en la armonización del marco legal, pues el objetivo es enriquecer la iniciativa, pues el proceso deriva de un mandato judicial.

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