De manera unánime, el pleno de la LX Legislatura del Congreso del Estado, aprobó el dictamen por el cual todas las Juntas Auxiliares a partir de su publicación, podrán ejercer de forma directa el manejo del Registro Civil, luego de que, de manera injusta, se les retiraron las facultades a estas autoridades, donde se violaron incluso, los derechos humanos de las personas.

El objetivo de esta iniciativa, fundamentalmente consiste en establecer entre las facultades y obligaciones de los presidentes municipales, así como de los presidentes auxiliares, ejercer las facultades de juez del Registro Civil por ministerio de ley.

En su intervención en el pleno, el diputado Carlos Alberto Morales del Grupo Legislativo del partido Movimiento Ciudadano, pidió también se considere en esta iniciativa de decreto, se les regrese el presupuesto que anteriormente se les otorgaba a las Juntas Auxiliares de acuerdo a lo que marcaba la Ley de Coordinación Hacendaria para el Estado de Puebla en sus 217 municipios, y así tengan la capacidad de echar a andar los proyectos y programas a favor de su comunidad.

Por su parte, la diputada Vianey García, del partido Movimiento Regeneración Nacional y propinante de la iniciativa  destacó la necesidad de dignificar el trabajo de las juntas auxiliares, las cuales han sido sometidas en el pasado reciente, al “contentillo” de las autoridades, de ahí la importancia de que también recobren la identidad jurídica y de ahí se pueda partir a buscar presupuestos equitativos y no solo “las migajas” que a veces les dan los gobiernos, tanto estatales como municipales.

Expuso que ello dará paso a su fortalecimiento para garantizar la eficiente y expedita justicia como lo marca la Ley.

En su oportunidad, el diputado Gerardo Islas Maldonado, del Grupo Legislativo de Nueva Alianza, sostuvo que los nuevos tiempos de la Cuarta Transformación, se deberá considerar la entrega de apoyos a las Juntas Auxiliares sin distingo político, haciendo a un lado los intereses mezquinos y de grupo.

Al hacer uso de la palabra, la diputada Rocío García Olmedo, coordinadora del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional, recordó que en 2013 de manera injusta se retiraron facultades a las Juntas Auxiliares, donde se violaron los derechos humanos de las personas.

Citó que todos los presidentes auxiliares por ministerio de ley, históricamente se conducían como jueces del Registro Civil de las personas, el cual les fue retirado, generando afectación a miles de personas por esta situación, dejando incluso a muchos, sin sus documentos correspondientes.

Más adelante, el diputado Arturo de Rosas del Grupo Legislativo del partido Movimiento Regeneración Nacional, también respaldó el pronunciamiento de que se soliciten más recursos a las Juntas Auxiliares y se asigne un sueldo a los presidentes auxiliares.

En tanto, el diputado Héctor Alonso Granados, también del Grupo Legislativo de Morena, propuso que la asignación de los recursos sea de acuerdo al índice de población de cada una de las comunidades, medida que será acorde a la justicia tributaria.

Por su parte, el diputado José Juan Espinosa Torres, del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo, hizo ver que esta reforma de Ley, responde a una de las demandas más sentidas de la población, contra la arbitrariedad vivida en Puebla en los últimos años, aunque dejó en claro que, en todo este procedimiento, la autoridad deberá ejercer un estricto control de los cobros de los servicios que brinden las Juntas Auxiliares, así como una absoluta transparencia en la rendición de cuentas.

Javier Cacique Zárate, diputado del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional, propuso que se verifique el funcionamiento de los servicios que brindarán las Juntas Auxiliares en los Registros Civiles, para que no incurran en actos de ilegalidad por parte de sus autoridades. Además, resaltó el acuerdo aprobado por todos los grupos políticos, el cual se sustentó dejando de lado los revanchismos.

Finalmente, el diputado Miguel Trujillo De Ita, coordinador del Grupo Legislativo del Partido Encuentro Social, propuso hacer del conocimiento de los presidentes auxiliares, que pueden incurrir en delitos, por la omisión de situaciones irregulares en la prestación de sus servicios.

Propuso que, a partir de esta resolución, se envíe un oficio dirigido a las autoridades de las más de 600 juntas auxiliares y los 217 municipios que conforman el territorio poblano, para que conozcan a fondo el dictamen que se está aprobando.