Por mayoría de votos, en la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de la LX Legislatura, aprobó instruir a la Auditoría Superior del Estado, entregar a la Comisión Inspectora, los expedientes que contienen los de las cuentas públicas  del Poder Ejecutivo del 1 de enero al 31 de octubre de 2016 y del 1 de noviembre al 31 de diciembre del 2016 y del ejercicio comprendido del 1 al 31 de enero del 2017.

En sesión de trabajo de esta comisión, en la que estuvo presente el Auditor Superior del Estado, David Villanueva Lomelí, se aprobó también, dentro de este acuerdo, que se emita por parte de la Comisión Inspectora, un análisis con estudio y resolución respecto al contenido de dichos dictámenes.

El diputado Oswaldo Jiménez López, aseguró que, como en materia penal, en el ámbito administrativo, no puede volverse a juzgar lo que ya ha sido analizado y resuelto, además de vulnerar el principio de cosa juzgada, pues, volver a analizar las cuentas públicas señaladas, equivale a que el Congreso del Estado pretenda revocar sus propias resoluciones.

Agregó que, además de afectar los principios de la definitividad, más bien parece venganza política, por lo que manifestó en contra de este acuerdo que deberá ser sometido al Pleno en próximas sesiones.

Por su parte, el presidente de la Comisión Inspectora, José Juan Espinosa explicó que el Artículo 115 Constitucional obliga a la Auditoría Superior a presentar los informes que se le sea solicitada , a través de dicho órgano legislativo refirió que las cuentas a reabrir, son los expedientes parciales, además se asegurar que, de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera del 2016, obliga a los entes públicos a reportar cualquier tipo de obligación financiera y deuda, incluyendo los PPS , lo cual no fue reportado por la LIX Legislatura.

En tanto, la diputada Olga Lucía Romero Garci-Crespo refutó que esta solicitud de revisión no obedece a intereses políticos, sino a esclarecer aspectos financieros que ni han tenido respuesta, observados incluso por la Auditoría Superior de la Federación, donde, por ejemplo en el informe de resultados de la Fiscalización de la Cuenta Pública, de fecha 15 de febrero de 2017, se detectaron diversas irregularidades  en el año 2015, hasta por 4 mil 570 millones de pesos, independientemente de las irregularidades por más de 1 mil 75 millones de pesos, por diversas irregularidades derivadas de obras ejecutadas con sobrecostos, así como por obras que se pagaron y no se acreditó su existencia.

Refirió que dichos sobre costos y observaciones se dieron en las obras más destacadas de la administración del ex gobernador Rafael Moreno Valle como el Museo Internacional Barroco, el segundo piso de la autopista México-Puebla, el estadio Cuauhtémoc, el Proyecto Arqueológico Cholula y la línea 2 del Sistema de Transporte Articulado.

También enlistó diversas irregularidades en los recursos ejercidos de los programas para el agua potable, alcantarillado, saneamiento para zonas urbanas, tratamiento de aguas residuales y el Fondo Metropolitano y cuyas observaciones superan los 2 mil 666 millones de pesos.

Durante la revisión de la cuenta pública 2016, en gasto federalizado se establecieron 110 observaciones por parte de la Auditoría, sin embargo solo se solventaron un total de 48 y quedan pendientes 62. Mientras, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, el gobierno del estado no solventó el ejercicio de 19 mil 200 millones de pesos, tan solo de la cuenta pública del ejercicio 2016.

La diputada de Morena recordó que el pasado 16 de mayo de este año, incluso la fracción parlamentaria del PRI en el Senado de la República, pidió a la Procuraduría General de la República, abrir una investigación contra el ex gobernador Rafael Moreno Valle y su esposa Martha Erika Alonso, por el posible beneficio que obtuvieron con la instalación de la automotriz Audi en San José Chiapa, pues ella tiene en herencia una superficie de 122.5 hectáreas, lo que podría configurar delitos como conflicto de intereses y desvío de recursos públicos.

Tampoco dejó de lado el concepto de deuda bajo la figura de los PPS que asciende a los 10 mil 800 millones de pesos, tan solo invertidos en esa zona y cuyos contratos se encuentran reservados.

Por su parte, el diputado Javier Casique asegura que respalda la postura de su partido el PRI en el Senado de la República para revisar cuentas del pasado gobierno, pero sólo en lo que compete a comprobación de recursos federales, pues sigue abierto ese proceso, más no en el tema de los recursos estatales, por que se afectaría el término de definitividad.

El diputado, Miguel Trujillo, integrante de la Comisión Inspectora, argumenta que el interés público está por encima del interés privado ya que al tratarse del uso de recursos públicos es preciso rendir cuentas transparentes a la ciudadanía.

Por su parte, el Auditor Superior del Estado refirió que, en cuanto se haga la petició0n formal fundada y motivada sobre este acuerdo, de igual forma se dará respuesta puntual, siempre bajo el amparo de la ley y sostuvo el argumento del diputado Oswaldo Jiménez, al señalar que las cuentas del ex gobernador fueron analizadas y juzgadas.

En esta misma sesión también fue aprobado por mayoría, la reducción del presupuesto a la Auditoría Superior del Estado, bajo el principio de austeridad y con la cancelación de gastos superfluos.