Integrantes de la Comisión Inspectora de la LX Legislatura, aprobaron por unanimidad los informes individuales que se presentan por parte de 58 entidades presentadas en el proceso de fiscalización que lleva a cabo la Auditoría Superior del Estado de Puebla, en el que se revisan las cuentas públicas de ayuntamientos y organismos operadores de agua potable correspondientes al periodo 2016, de conformidad con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior.

La presidenta de este órgano colegiado, Olga Lucía Romero Garci-Crespo expresó que, de las 58 entidades fiscalizadas, 18 sustentarán sus procedimientos y no cuentan con observaciones, pero dos de ellos, enfrentan el Inicio del Procedimiento Administrativo de Responsabilidades.

En la solicitud de las condiciones que guardan los informes, 40 sujetos restantes tienen recomendaciones en trámite, además de enfrentar denuncias ciudadanas. 

Asimismo, aclaró que la aprobación de estos informes individuales no significa la aprobación de su cuenta pública, ya que esto es parte del procedimiento, el cual también deberá ser aprobado por el pleno de la LX Legislatura en sesión ordinaria.

En el desarrollo de los trabajos, además se aprobaron 46 procedimientos de Admisión y/o Prevención de Recursos de Revocación en contra de actos del Congreso del Estado de Puebla, los cuales han sido debidamente notificados para que acudan a solventar las observaciones a las que haya lugar.

La presidenta de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, señaló que este es un recurso considerado por la Ley para aquellos sujetos fiscalizados por este órgano, mediante el cual pueden expresar sus consideraciones en torno a la rendición de cuentas.

A la sesión convocada a las y los legisladores, también acudió el titular de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, Alberto Javier Segovia Blumenkrom y su equipo de trabajo, quien expresó todo el apoyo y disposición en el desarrollo de los trabajos de revisión y auditoría de los sujetos obligados.

Al respecto el diputado Miguel Trujillo integrante de esta Comisión sugirió poner especial atención a la obra pública y propuso utilizar el laboratorio de evaluación de la BUAP, con quien la LX Legislatura mantiene un convenio de colaboración para el desarrollo de peritajes acerca de la calidad de los materiales usados para la obra pública.

Además de que insistió revisar de manera detallada aquellos recursos manejados por familiares de los ediles, o en su caso pagados a empresas manejadas por conocidos de los presidentes municipales.

Ambos dictámenes, fueron aprobados por unanimidad por las y los integrantes de la Comisión Inspectora, quienes turnaron los resolutivos al pleno para su aprobación final.